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La familia del presunto asesino de Peal de Becerro continúa en hoteles y en pisos de alquiler

Concentración convocada frente al Ayuntamiento de Peal de Becerro. / SERGIO VILAR

La Sociedad Gitana Española pide no responsabilizar a familias «de lo que hace una persona», mientras estudian si volver al pueblo

La Sociedad Gitana Española se reunió este viernes con el Defensor del Pueblo al que trasladó su preocupación por la situación generada tras los sucesos de Peal de Becerra e Íllora (Granada) y ha llamado a no responsabilizar a una familia «de lo que hace una persona». «Esto solamente ocurre con el pueblo gitano», aseguró el presidente adjunto de la Sociedad en Andalucía, Antonio Martín.

La localidad jienense despertó el domingo 17 de julio con la noticia del homicidio de Álvaro, un joven de 29 años que trabajaba como portero en un local de ocio, apuñalado con arma blanca. Las protestas de los vecinos a raíz del triste hecho acabaron con familias de etnia gitana del presunto asesino abandonando la localidad. Este fin de semana ha sido en el municipio granadino donde otro joven, Juan Castro, de 19 años fallecía tras ser agredido durante las fiestas patronales del municipio.

Desde la Sociedad Gitana Española se aboga porque las familias regresen a Peal de Becerro aunque señala que tienen «miedo»

Sobre la situación de las familias gitanas de Peal de Becerro, tras marcharse de la localidad, Martín incidió en que están reubicadas entre hoteles y viviendas en alquiler y que su mayor preocupación ahora es escolarizar a los menores antes del inicio de curso.

«Sin un duro para comer»

Sobre la posibilidad de que regresen al municipio, Martín explicó que, desde la Sociedad, se les ha propuesto desde el principio pero reconoce que «con miedo no se puede vivir» y que, al final, la decisión dependerá de las propias familias.

«Están sin vivienda, no tienen un duro para comer», advirtió el presidente de la Sociedad Gitana Española a nivel nacional, Sinaí Giménez, quien insistió en la necesidad de que se den explicaciones en relación a la justicia y seguridad del pueblo gitano.

A su juicio, «no se puede permitir que esto se siga convirtiendo en una costumbre», lamentó, antes de señalar que entre sus temores está que, «como no hay responsabilidad penal de ninguno de los autores», la gente «lo puede tomar como una costumbre y puede haber conflictos».

Cuando una persona no gitana comete un delito, añadió, «nadie va a por la familia, no se le quema la casa o el coche y no sale un alcalde diciendo que hay que desterrarlo». «Esto me parece un antigitanismo a todas luces», apuntó.

En este sentido, subrayó que el antigitanismo ha sido incluido como forma de delito de odio específica por lo que considera que se debería «identificar a los autores de los hechos» para «proceder a las detenciones pertinentes».

El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre ambos casos. En el de Peal de Becerro, según indicó Martín, ha reclamado informes a la Subdelegación de Gobierno de Jaén, así como a la Comandancia Civil de la provincia y a la Policía Local, para que informen de su actuación antes, durante y tras los hechos.

En el caso jienense están actuando de manera específica porque las familias afectadas se han puesto en contacto con la entidad; en el de Íllora no, por lo que tratan el tema como institución, como sociedad gitana.

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