Reunión en Cabra del Santo Cristo para explicar a los vecinos el proyecto. /
Según Catalina Madueño, contribuirá a reforzar la seguridad jurídica de los inmuebles, y la posterior inversión sobre los territorios con problemas de despoblación
La subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, junto con el alcalde de Cabra de Santo Cristo, Francisco Javier Justicia, y el gerente territorial del Catastro, Mario Gilabert, participaron este lunes en la reunión informativa, celebrada en el municipio, para explicar el proyecto A_Finca: el Catastro frente al reto demográfico, incluido dentro del Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico.
En la charla informativa, a la que asistieron más de 50 vecinos y vecinas de la localidad, Catalina Madueño resaltó que «el proyecto supone un hito histórico de colaboración entre administraciones, donde se corrobora la importancia de actuar en aquellos municipios más desfavorecidos». En la misma línea, informó de que «se trata de un proyecto piloto, cuyo fin principal es reactivar aquellas zonas más afectadas por la despoblación, traduciéndose, este proyecto, en un sistema de información para la gobernanza medioambiental, integrado con un sistema de avisos que proporcione la seguridad jurídica necesaria en la tenencia de la tierra y fomentar el emprendimiento, utilizando las nuevas tecnologías y en especial los dispositivos móviles, por su uso extendido en el territorio rural y de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020».
Refuerzo a la inversión
De este modo, el proyecto se enmarca en un refuerzo a la inversión en el territorio rural actuando en cada municipio a través de empresas, preferiblemente locales, para actualizar la información territorial con el objeto de crear un marco de seguridad jurídica para garantizar el sostenimiento y la mejora de la competitividad del sector agroalimentario, elementos esenciales para mantener la población, el empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
El municipio de Cabra de Santo Cristo, que cuenta con 18.000 hectáreas de término municipal, ha sido uno de los 25 municipios escogidos de toda España, y el único a nivel andaluz. Así, Catalina Madueño resaltó que el proyecto, cuyo competencia recae en el Ministerio de Hacienda, «supone una oportunidad para nuestra provincia, ya que tiene como objetivo dotar al territorio rural de la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión, reducir el desperdicio de tierras en producción, generar valor y empleos en torno al sistema agroalimentario, con especial atención a los entornos rurales fomentando su economía y frenando la despoblación». Entre los beneficios adyacentes, la protección del medio ambiente.
